...Y no me imagino que alguien pueda pensar que murió de muerte natural.
Con Maricarmen Abascal se ensañaron desde el año 2018 Urbagestión Desarrollo e Inversión S.L y los "procedimientos judiciales democráticos". Tres intentos de desalojo. Al final, con el cuarto... no quiero ni pensar qué pudo sentir, en su cuerpo baqueteado por los años y ese acoso forajido, en todo su ser en "cuadro de estrés y agotamiento", cuando la arrancaron de su casa a los 87 años. Sin contar el desamparo moral que debe de embargar a cualquiera bajo semejante humillación sádica y pública.
Aunque, eso sí, Maricarmen feneció dentro de la Constitución. Entre el Capital y sus Constitucionalistas la mataron... y ella sola se murió. "Vivimos en un Estado social y democrático de derecho en España y en Europa. Nadie está por encima de la ley. Respeto a las decisiones judiciales y respaldo a las fuerzas y cuerpos de seguridad. Dentro de la Constitución está la política, fuera nada." (Pedro Sánchez Castejón, 25.03.2018, que también decía en aquella época "Las resoluciones judiciales no se califican, se respetan" y que ahora ha aprendido algo —lecciones de carne propia— y ya dice que "hay jueces haciendo política.").
Casi nadie piensa en las consecuencias ordinarias muy concretas de los diversos pillajes y despojos que practica a diario el Capital, aquí y en Venezuela, en Gaza y en Irán. Aquí, y en este tema de los desahucios, hay casos de indolente frialdad que no parecen posibles, con final en suicidio, como el de Olga Matute. Su historia particular es disparatadamente cruel, pero la jurisprudencia constitucional, esa "doctrina", es prueba fehaciente de la ferocidad sistémica que pretende argumentar este artículo. La Ley catalana 1/2022 obligaba a los grandes tenedores a ofrecer alquiler social a determinadas familias vulnerables. En octubre de 2024, el Tribunal Constitucional declaró inconstitucionales varios de sus preceptos, entre ellos algunas de las obligaciones relacionadas con la oferta y la renovación del alquiler social. Léanlo despacio.
El 27.11.2025, el Pleno del Congreso rechazó admitir a trámite una proposición de ley impulsada por Sumar que buscaba modificar el artículo 10 de la Ley de Vivienda de 2023. La propuesta pretendía prohibir que las empresas y los fondos de inversión comprasen viviendas residenciales, reservando el mercado exclusivamente a las personas físicas. El PP, Vox y Junts votaron en contra, mientras que el PSOE optó por la abstención en su denodado esfuerzo por mejorar la vida de la gente sencilla, manantial del trickle up effect...
Si pretendemos hacer un balance referido sólo a los desahucios perpetrados en nuestro Estado de Derechas durante la Santa Transición por los brazos legal, judicial y armado de su Capital, con su acompañamiento de justificaciones mediáticas (deuda = culpa, impasible el alemán), resulta que no es tan sencillo, porque al menos a mí no me consta que podamos acceder fácilmente a datos registrales oficiales al respecto desde 1978.
¿A cuántas personas ha desahuciado esa máquina de la patada en la puerta que es la Monarquía Constitucional Española?
Recordemos, antes que nada y pese a la realidad, que el Artículo 47 de su Constitución (Capítulo III, “De los principios rectores de la política social y económica”, del Título I, "De los derechos y deberes fundamentales") establece:
“Todos los españoles tienen derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada. Los poderes públicos promoverán las condiciones necesarias y establecerán las normas pertinentes para hacer efectivo ese derecho, regulando el uso del suelo de acuerdo con el interés general para impedir la especulación.Leerlo así, todo seguido, parece puro recochineo. Sobre todo cuando llegas a eso de "regulando el uso del suelo de acuerdo con el interés general para impedir la especulación", ensalmo sin el menor poder apotropaico. Se te va la especie a la Botella (Ana). Porque todos, absolutamente todos los gobiernos de la Democracia (con excepciones de pequeñas islas de confirmadores de la regla, como el ayuntamiento de Marinaleda) han gobernado y gobiernan para la especulación inmobiliaria. Incluida Manuela Carmena, mamporrera transicional por excelencia que sabe muy bien lo que la gente demanda. El 22.09.2026, víspera del desalojo violento de Maricarmen por la policía de Marlaska-Pedro Sánchez, grandes señales había; tenía lugar, en paralelo, un episodio isomorfo muy elocuente y patriota: Isabel Díaz Ayuso, bendecidora y palmera de toda actividad carroñera (ella diría que atrayendo "inversiones", "generando valor" para... ¿Maricarmen?), inauguraba en IFEMA una feria de "inversión inmobiliaria" poseída de léxico y semántica imperiales: The District*. La Patria es bilingüe.
La comunidad participará en las plusvalías que genere la acción urbanística de los entes públicos”
El régimen "democrático" de la Transición ha desahuciado a cientos de miles de personas. En realidad... millones, aunque no sepamos cuántos, con exactitud.
Para el periodo 2008-2017, el informe del Àrea d'habitatge i dret a la ciutat del Observatori DESC cifra en unos 684.000 los desahucios judiciales ejecutados, tanto por impago de hipotecas como de alquileres.
Este volumen afectó a más de 1,7 millones de personas sólo en ese tramo de diez añitos.
Ese informe del Observatori DESC, de marzo de 2018, se titula “Els desnonaments del 2008-2017: una vulneració greu dels drets humans que no s’atura / Los desahucios de 2008-2017: una vulneración grave de los derechos humanos que no se detiene”. En su introducción leemos:
El pasado miércoles 7 de marzo el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) actualizó el informe "Efectos de la crisis en los órganos judiciales" donde aparecen, entre otros, los datos de desahucios desagregados a nivel estatal, regional, provincial y por partidos judiciales.Entre 2018 y 2026, a pesar del blablablá oficial, los juzgados españoles han seguido ejecutando entre 26.000 y 60.000 expulsiones a la rúa anuales.
Esta fuente estadística posibilita conocer el número de desalojos practicados en los juzgados de primera instancia y de instrucción desde 2013 diferenciando los de ejecuciones hipotecarias y los de procedimientos de la Ley de Arrendamientos Urbanos. Anteriormente al 2013 y por tanto en cuanto a datos con mayor perspectiva temporal, tan sólo muestra los desahucios totales de las localidades donde existen servicios comunes de notificaciones y embargos, los cuales reciben de los juzgados el encargo de practicar los desalojos [los llaman "llançaments" / "lanzamientos", en catalán y castellano].
En esta noticia puede conocer el resumen y valoración de los datos publicados.
Desde el Observatorio DESC se ha realizado un breve análisis de la situación actual, con el objetivo de ayudar a situar el estado del derecho a la vivienda en España, en Cataluña y en Barcelona. Como resultado, publicamos nueve gráficos ilustrativos del panorama a día de hoy y las principales conclusiones que se derivan.
El Observatorio de Vivienda Asequible publica un gráfico donde puede seguirse el número anual de "lanzamientos" a la calle hasta 2024, según los Datos sobre el efecto de la crisis en órganos judiciales – Anual 2024 del CGPJ.
Veamos: en 2018, 59.671. En 2019, 54.006. En 2020, 29.406. En 2021, 41.359. En 2022, 38.266. En 2023, 26.659. En 2024, repunte: 27.564. Y sabemos por EFE que, según el CGPJ, la cifra de ejecuciones ha seguido subiendo: en 2025 se elevó a 31.416. Marcas de lanzamiento...
La suma de los datos de esos ocho años (2018-2025) arroja una cifra de 308.347 lanzamientos judiciales debidamente registrados. Ignoro si hay más. Es cierto que la gran mayoría tienen que ver con impagos de alquileres, pero no nos engañemos: se trata de gente que, en su inmensa mayoría, no podría afrontar la compra de un pisito y detesta la intemperie tanto como usted y como yo. Y, como en el caso de Maricarmen, puede tratarse del hogar donde has vivido toda la vida, no sólo tú, sino también tus padres.
No tengo datos de los 30 años de Transición anteriores a 2008, pero para la reflexión que pretendemos estimular aquí, no parece necesario.
Para calcular el número de afectados por cerca de 350.000 desahucios entre 2018 y 2026, multipliquemos aproximadamente por 2,5. Tal vez estamos hablando de unas 850.000 personas bárbaramente desarraigadas. No es exagerado afirmar que desde 2008 este fenómeno paranormal ha traumatizado a unos 2,5 millones de seres con vida muy real, de esos que si los pinchamos sangran, si les hacemos cosquillas, ríen, si los ultrajamos... Despojo, desamparo y humillación dentro de la Constitución.
Por supuesto, es el sistema, el biocida sistema que conocemos como Capitalismo. Y el sistema estructura, determina, atribuye funciones, obliga, obnubila, permea. Algunos se preguntan cómo es posible que seres humanos normales, jueces y policías básicamente, puedan ejecutar semejantes atrocidades. La realidad es que tienen callo, que la función instila el salario, las órdenes, la disposición, el lenguaje, la justificación, el autoconvencimiento, el sinsentido del deber: llevan perpetrando éste y otros tipos de horrores desde 1978 (y, por supuesto, antes...), y en tales cantidades que, desgraciadamente, es legítimo afirmar que, para ellos, desahuciar familias y ancianas es una banalidad del "servicio", una larga tradición.
Otra banalidad de otro mal.
Es decir, son cientos de miles los seres humanos arrojados a la calle en este país a quienes ni siquiera cupo el consuelo del respaldo y la compañía de los que sí gozó Maricarmen.
Analicen ahora, si pueden, los efectos emocionales y para la salud holística de los afectados de estos cientos de miles de desahucios, los efectos de largos acosos económico-judiciales resueltos con el estallido de una puerta derribada y la calle-pa-correr.
¿Cuántas muertes prematuras, cuántos cánceres, cuántos infartos, cuántos ataques de ansiedad, cuánto alcoholismo, cuánto...?
¿El suicidio es negocio inmobiliario o consecuencia de la conversión de un derecho constitucional en un activo financiero... o ambas cosas?
¿Se imaginan la cantidad de niños que han tenido que asistir al momento en que ajustician a su familia, que han sido obligados por la ley y el orden a observar con todo detalle la humillación de sus padres y a verse arrojados de la casa donde vivían, sin entender nada, a menudo con violencias de uniformados y gritos y lloros propios?
Esa escena es una banalidad en el Estado de Derechas con cualquier partido constitucionalista en el gobierno.
Ejecutar un desahucio es ejecutar a la familia o las personas desahuciadas.
Este luto tiene que empujarnos a la lucha.
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* El Capital multinacional no para de convertir derechos en activos, latrocinio legal y con "seguridad jurídica" merced a una clase política constitucionalista enrolada y absolutamente a su servicio. Las grandes multinacionales, fondos y gestoras internacionales del sector inmobiliario que participaron —ya fuera con presencia empresarial o de directivos o como patrocinadores— en el mencionado congreso de chupasangres, entre el 22 y el 24 de septiembre de 2026, componen sin duda la crème de la crème de este gigantesco desfalco vital. Veamos quién es quién entre los reunidos en aquel aquelarre y notemos que sus "oportunidades" son nuestra ruina...
Blackstone. Acaparó vía su filial Fidere (confiar en latín) 1.860 viviendas sociales a precio de risa, de un plumazo, gracias a que Ana Botella se cagó en las necesidades de cientos de familias vulnerables ("interés general") y en el patrimonio de los madrileños para fomentar la especulación, sabedora de que, gracias a la "división de poderes" de la "Democracia liberal", la acorazada de la toga protege siempre a los grandes quebrantadores de las arcas y los intereses públicos. El Supremo defendió también a Blackstone frente a las aspiraciones de los inquilinos en un caso particularmente vergonzoso de sentencia judicial constitucional. Desde Madrid a Berlín despoja con lo que pilla...
BlackRock. Pinchen, es amigo del blog.
Brookfield Asset Management. El entramado de Bruce Flatt (sic), un emprendedor optimista ante los efectos de la criminal agresión a Irán. Campeón del desahucio invisible: el interlocutor de los angustiados por desahucio es un "asistente virtual". Expulsan sin dar la cara.
TPG Real Estate. O tempora, o mores! (Cicerón contra Catilina), TPG entró con fuerza en el alquiler residencial a través de Témpore Properties, la socimi de viviendas procedentes de Sareb. Propensos a la transformación de la vivienda residencial en un "activo financiero" gestionado por grandes fondos. El moho, las goteras y las grietas sin reparar pueden ser un motor de negocio. ¿Se acuerdan de la antonimia constitucional —nada nimia— entre el interés general y la especulación?
PIMCO / PIMCO Prime Real Estate. “…consolidating ownership of the Castellana 200 block, potentially creating additional value through synergies”: así es la retórica del buitre de oportunidad. "Creación de valor adicional mediante sinergias". Miren esta frase de Miguel Torres: “Nos interesa invertir en vivienda asequible porque genera flujos de caja recurrentes.” Eso: "flujos de caja recurrentes" con la sangre y las rentas de los más vulnerables. PIMCO entró en el negocio español de alquiler residencial porque consideraba que estaba "poco desarrollado" (había poco buitre) y ofrecía una oportunidad de “early-mover” (el pionero, el que pilla cacho antes que el resto); esta alma de la caridad muy cristiana habla expresamente de “exposure” al sector residencial español, de las tendencias de urbanización y del desplazamiento de jóvenes de la propiedad al alquiler, y presenta esa situación como una oportunidad de "inversión", inversión o malversación del lenguaje. Desde Madrid a Bruselas o a EEUU...
Nuveen. Este grupo en busca de "strong / durable cash flow" tiene la estrategia expresa de subir rentas en vivienda prefabricada, de subir alquileres en Florida... de todo lo que implique parné abundante y sostenido.
Tikehau Capital. Sus maniobras inmobiliarias en Madrid están directamente vinculadas a Elix, y Elix es precisamente la sociedad que está siendo investigada judicialmente por presunto acoso inmobiliario en Tribulete 7, Lavapiés, Madrid. En diciembre de 2025, un juzgado de Madrid admitió a trámite una querella colectiva, presentada por los vecinos, por presunto acoso inmobiliario y coacciones. La investigación está supuestamente en marcha. Tikehau no es simplemente un inversor externo de Elix. En la estructura de Almond Core Centre, uno de los vehículos residenciales creados conjuntamente por Tikehau y Almond, aparecen Tikehau Green Center Holding (99,5 %), URSAE POLARIS (0,35 %) y Elix Servicios Inmobiliarios (0,15 %). El propio documento de oferta de Almond Core Centre identifica a Tikehau Real Estate Opportunity II como el fondo del que depende Tikehau Green Center Holding y a Tikehau Investment Management como su gestor. El Confidencial (17.09.2023) nos contó que "Tikehau Capital ha unido fuerzas con Almond Real Estate y Elix para levantar un nuevo gigante de la vivienda en alquiler a partir de la compra, uno a uno, de pisos sueltos en Madrid". En diciembre de 2023, Tikehau adquirió [con un “significant discount to market value”] Gentauro, una cartera residencial española de 1.316 viviendas, 91 locales comerciales, 103 anexos y 279 plazas de garaje. La venta de carteras totalmente arrendadas y "estabilizadas" (sin Maricármenes) es también una importante fuente de liquidez de quien tiende a hacer negocio en los barrios más caros.
Starwood Capital Group. Amigos de bonanzas mediante usuras y la sangre de sus arrendadores. Lean Peter Whoriskey: “Rising rents were a crisis for tenants. For landlord Starwood, they were a gift” (El aumento de los alquileres supuso una crisis para los inquilinos. Para el propietario Starwood, fueron un regalo), The Washington Post, 2.01.2023. O echen un vistazo a las argumentaciones internas de estos buitres, que saben qué pasa con los reguladores: "Speaking to investors on a call in February, Starwood's CEO noted that "tenants seem capable and willing to pay these rent increases" and called inflation "an extraordinary gift that keeps on giving" for the company's affordable housing properties in Florida." (En Irina Ivanova, Corporate landlords' profits have surged despite eviction ban fears / Los beneficios de los propietarios corporativos se han disparado a pesar de los temores a la prohibición de los desahucios, CBS, 7.06.2022). Estos son capaces de llegar muy lejos, incluso en tiempos de pandemia: Renae Merle: Evictions are likely to skyrocket this summer as jobs remain scarce. Black renters will be hard hit - Eviction moratoriums and unemployment benefits are expiring, which will have a bigger effect on minority neighborhoods, experts say, The Washington Post, 6.07.2020. Y es que entidades propiedad de Starwood habían abierto procedimientos de desahucio durante la moratoria federal de desahucios. Traduzco el primer párrafo: "Una acumulación de casos de desalojo está comenzando a tramitarse en los juzgados, mientras millones de estadounidenses que dependían de las ayudas federales y de las moratorias de desalojo para conservar sus hogares temen ahora ser expulsados." Es importante saber que Starwood no figura muchas veces como el propietario visible que ejecuta determinadas maldades. Puede utilizar otros nombres. Por ejemplo, Starwood adquirió Milestone Management en 2017 y posteriormente la convirtió en Highmark Residential, su plataforma de gestión de vivienda multifamiliar. Estas plataformas también se enfangan: Highmark Residential figura como demandada en el enorme litigio antimonopolio relacionado con RealPage, el software que utiliza información de alquileres para recomendar precios a los propietarios. La demanda colectiva acusa a numerosos grandes gestores inmobiliarios de utilizar el sistema para inflar artificialmente los alquileres y reducir la competencia entre propietarios. Un centenar de inquilinos de Starwood se plantaron en su sede al grito de "THE RENT IS TOO DAMN HIGH". En fin, Starwood está entrando en el sector residencial español en 2026, precisamente comprando parte de la cartera de alquiler que está vendiendo Nuveen, uno de los grupos mencionados más arriba.
Ardian. Su política entre nosotros consiste prioritariamente en convertir edificios céntricos de Madrid en productos residenciales de lujo. En Zurbarán 28 y Alcalá 38-40 ha comprado oficinas para reconvertirlas en viviendas de lujo. La especulación ("creación de valor del activo") es un objetivo explícito de su "modelo de negocio". Sus planes incluyen las residencias de estudiantes en diversas ciudades europeas: esta peña convierte las necesidades de alojamiento de los universitarios en un "activo financiero".
Barings.
LaSalle Investment Management. Recuerden la demanda contra RealPage citada más arriba: el 3.04.2025, el fiscal general del estado de Washington demandó a RealPage y a varios grandes propietarios/gestores inmobiliarios por un supuesto esquema para elevar y estabilizar artificialmente los alquileres, reducir la ocupación y coordinar estrategias de precios mediante un intercambio de información que parece conculcar las reglas sobre la competencia con objeto de cobrar el máximo posible a los inquilinos. Pues bien, entre los demandados figura expresamente LaSalle Investment Management, Inc. LaSalle es muy partidario de las denominadas Purpose-Built Student Accommodations y es que esas viviendas para estudiantes (PBSA) resultan muy jugosas para los especuladores dado que están mucho menos sometidas a controles de alquiler y tienen una rotación mucho mayor de ocupantes, rotación que permite "reajustar las rentas" (subir cada vez los precios) y sortear así las restricciones legales que pueda plantear en cada caso la regulación residencial europea. LaSalle y Urbania habitan entre nosotros, en Cataluña y Andalucía. LaSalle es un pez gordo: la página 3 del informe anual 2025 de JLL Income Property Trust, el vehículo asesorado por LaSalle Investment Management, en la sección de la carta a los accionistas, párrafo titulado "2026 Outlook: Return to Fundamentals", señala que LaSalle gestionaba “nearly $90 billion of assets under management”, casi 90.000 millones de dólares en activos, a 30.09.2025.
Greystar Real Estate Partners es un gigante del alquiler residencial; en Madrid opera, entre otros, proyectos como Gran View, Be Casa y Nera Living. En 2025, la FTC estadounidense y el Estado de Colorado demandaron a Greystar por anunciar alquileres que no reflejaban el coste mensual real. Según la demanda, Greystar añadía posteriormente numerosos cargos obligatorios: basura, paquetes, servicios tecnológicos, determinadas tasas de servicios públicos, seguros, etc. La acusación era especialmente fuerte porque, según la FTC, en algunos casos los cargos no aparecían claramente hasta después de que el potencial inquilino hubiera proporcionado sus datos, pagado una solicitud o incluso un depósito. El asunto se zanjó en diciembre de 2025 con 24 millones de dólares de apoquine: 23 millones para compensar a los "consumidores" y 1 millón para Colorado, además de la obligación de mostrar claramente en adelante el precio total y las tasas obligatorias. Greystar también sale en el caso RealPage. Lean "Justice Department Reaches Proposed Settlement with Greystar, the Largest U.S. Landlord, to End Its Participation in Algorithmic Pricing Scheme", 8.08.2025. La sentencia tiene aspectos tronchantes. El Departamento de Justicia, a través de su Attorney General, la inefable Pamela Bondi, señalaba a Greystar que, con sus trapicheos, no había forma de "making housing affordable again"!!! Literalmente: “American greatness has always depended on free-market competition, and nowhere is competition more important than in making housing affordable again.” Insuperable. Menudos emprendedores: cobraban penalizaciones por rescisión anticipada a militares que tenían derecho legal a abandonar sus contratos de alquiler debido a órdenes de traslado. Hay más, también entre nosotros: en abril de 2026, la CNMC abrió la segunda fase de su análisis de la adquisición por Greystar de Life Stay Cartuja, una residencia universitaria de Sevilla. La CNMC detectó indicios de que la operación podía reforzar la concentración del mercado de alojamiento para estudiantes alrededor del campus de La Cartuja, con posibles efectos sobre precios, calidad y servicios ofrecidos. En internet se cuentan historias de horror de experiencias con Greystar.
Apollo. El 23.08.2016, la SEC (The Securities and Exchange Commission) estadounidense anunció que cuatro asesores de fondos vinculados a Apollo habían aceptado pagar 52,7 millones de dólares para resolver acusaciones muy concretas contra ellos de no haber revelado adecuadamente determinadas comisiones a los inversores, haber acelerado el cobro de "monitoring fees" cuando se vendían empresas de la cartera, haber ocultado determinados intereses de préstamos, o informado deficientemente sobre ellos, y no haber supervisado adecuadamente a un socio "senior" que cargó gastos personales a fondos de Apollo. La SEC sentenció que esas prácticas perjudicaban a los inversores de los fondos. Apollo aceptó el acuerdo sin admitir ni negar las conclusiones. El 13.01.2025, la SEC sancionó a Apollo Capital Management con 8,5 millones de dólares por incumplimientos de conservación de comunicaciones. Apollo admitió los hechos y reconoció que su conducta infringió las leyes federales de valores. Este caso resulto edificante; las empresas sancionadas eran Blackstone Alternative Credit Advisors LP, junto con Blackstone Management Partners L.L.C. y Blackstone Real Estate Advisors L.P., que acordaron pagar una multa combinada de 12 millones de dólares; Kohlberg Kravis Roberts & Co. L.P., que acordó pagar una multa de 11 millones de dólares; Charles Schwab & Co., Inc., que acordó pagar una multa de 10 millones de dólares; la mentada Apollo Capital Management L.P., que acordó pagar una multa de 8,5 millones de dólares; Carlyle Investment Management L.L.C., junto con Carlyle Global Credit Investment Management L.L.C. y AlpInvest Partners B.V., que acordaron pagar una multa conjunta de 8,5 millones de dólares; TPG Capital Advisors LLC, que acordó pagar una multa de 8,5 millones de dólares; Santander US Capital Markets LLC, que acordó pagar una multa de 4 millones de dólares; PJT Partners LP, que se autodenunció y acordó pagar una multa de 600.000 dólares (la autoinculpación conllevó una sensible rebaja de la multa). Por otro lado, el cofundador de Apollo, Leon Black, reconoció haber pagado alrededor de 158 millones de dólares a Jeffrey Epstein por servicios relacionados con asesoramiento fiscal y patrimonial. Una investigación interna encargada por Apollo concluyó que Epstein no había sido contratado por Apollo ni había invertido en Apollo, pero el asunto suscitó delicadas preguntas sobre la relación entre Black, Epstein y determinadas personas de Apollo. Y en 2026 el asunto ha vuelto a los tribunales: accionistas de Apollo presentaron demandas alegando que la compañía y sus dirigentes ocultaron o describieron de forma engañosa las relaciones con Epstein en documentos corporativos. Reuters informó el 3.03.2026 de que una de esas demandas sostiene que Apollo había afirmado en documentos regulatorios que no tenía relaciones comerciales con Epstein, mientras que documentos posteriores habrían revelado una relación más amplia con miembros de su dirección. Más información sobre ese proceso pulsando aquí. Hay otra denuncia presentada por un particular en el mes de agosto.
Bain Capital.
King Street Capital Management.
Tristan Capital Partners.
Harrison Street.
Stoneweg. En agosto de 2024, la Agencia Catalana de Consumo abrió un expediente sancionador a la promotora Stoneweg "por las manipulaciones y mentiras que usa en la venta de las viviendas de los Jardines de Sa Riera Living" a raíz de una denuncia pionera en la región por greenwashing, lavado de imagen ecológico. Ese proyecto de lujo, ubicado en Begur (Girona), consistió en la construcción de 52 viviendas unifamiliares sobre un antiguo pinar virgen. El proyecto generó una fuerte contestación vecinal y ecologista impulsada por la plataforma SOS Costa Brava debido a sus graves repercusiones ambientales y paisajísticas: comportó la destrucción de tres hectáreas de bosque y la extracción de miles de metros cúbicos de tierra para edificar 52 viviendas y 78 aparcamientos en una ladera más de un 20% de pendiente y a menos de 500 metros de la playa. El fondo defiende públicamente el recurso al Build-to-Rent (gentrifican y reducen el poder de negociación de los inquilinos, quienes se enfrentan a subidas de precios unilaterales o cláusulas abusivas difíciles de litigar con grandes firmas de abogados. Y si el fondo de inversión no obtiene la rentabilidad esperada por los alquileres o necesita liquidez, puede ponerse a vender los pisos uno a uno para angustia de los inquilinos) y al flex living (o coliving: viviendas de corto y medio plazo, con usos comunes, que dan servicio de gimnasio, piscina y coworking, a todo que sic). Respecto al segundo, los colectivos vecinales denuncian que promover este tipo de alojamiento temporal no es más que una estrategia financiera para sortear las regulaciones de precios y las prórrogas forzosas de la Ley de Vivienda aplicadas a los contratos de alquiler tradicional de larga duración.
Rockfield Real Estate. Es una gestora de fondos y promotora inmobiliaria de origen neerlandés (fundada en 2014 y con sede en Ámsterdam) especializada en el desarrollo de Co-living, residencias de estudiantes (PBSA) y viviendas de alquiler de precio medio (mid-market). En España opera de forma muy activa a través de una alianza estratégica con el fondo francés Ardian: han adquirido centros en Barcelona, Terrassa y preparan aperturas en Madrid para 2027. Nos quieren mucho: El gigante europeo de residencias de estudiantes y living está “analizando y valorando nuevas oportunidades” de inversión en España, que “sigue ofreciendo operaciones interesantes”. Es bueno saberlo porque, en los Países Bajos, inquilinos de varios de sus bloques se han organizado para litigar colectivamente contra esa mardita gestora a la que acusan de inflar las cuotas comunitarias de manera injustificada y retrasar durante años las devoluciones o desgloses claros de los servicios no disfrutados, una práctica que los sindicatos de vivienda consideran una vía sibilina para aumentar los márgenes de beneficio. Los denunciantes alegan que Rockfield les cobra cargos obligatorios no pactados legalmente o camuflados que los inquilinos consideran "costes ocultos" para inflar los ingresos de la empresa. Cf. !Woon (La presión del litigio colectivo de los 455 inquilinos obligó a Rockfield Real Estate a ceder y plantear ofertas de acuerdo y compensación parcial para evitar condenas judiciales más severas). Como, según ellos, España tenía pocos y poco performantes buitres y ofrecía nicho de forramen, vinieron a colmar semejante hueco. Rockfield, terreno rocoso, decidió lanzar proyectos "estrella" en Madrid, en los barrios de Chamartín y Avenida de América, donde adquirió suelos finalistas propiedad de congregaciones religiosas y entidades sin ánimo de lucro: "Rockfield invertirá 53 millones en el desarrollo de dos residencias de estudiantes en Madrid". Estraga-prazeres, sindicatos del barrio y colectivos por el derecho a la vivienda denuncian que estos terrenos, que originalmente tenían un fuerte arraigo social -barrial, son absorbidos por el capital extranjero para levantar residencias de estudiantes exclusivas y alojamientos de corta estancia, modelo que privatiza el suelo de los barrios y desplaza a la población local al no proponer vivienda protegida ni alquileres accesibles a largo plazo. Luego, IDA dice que no sabe nada, largando lo que larga, votando lo que vota e inaugurando lo que inaugura. En cuanto a los linces poco ibéricos de Rockfield, compraron también, básicamente para lo que usted ya sabe, un macrocomplejo en Berlín junto a The Social Hub.
Savills Investment Management. Filial global de gestión de fondos e inversiones del grupo británico Savills plc. El director de una sucursal de Savills ocultó deliberadamente a su propio cliente que el comprador de su propiedad tenía planes inmediatos para demolerla y construir una macro-mansión valorada en más de 10 millones de libras. El empleado del grupo actuó en flagrante conflicto de intereses, beneficiando al comprador a espaldas de su cliente y haciendo perder a este último millones de libras en la venta, lo que derivó en reclamaciones por daños de más de 6 millones. Cf. Nicholas Paler: Savills admits 'rogue employee' swindled client out of millions of pounds, CityWire, 2.12.2009. Por otro lado, Barclays demandó a Savills por pérdidas masivas derivadas de una presunta trama de fraude hipotecario organizada en varias operaciones. Cf. Devina Shah: "Barclays To Sue Savills And Others Over Alleged Mortgage Fraud", Wealth Briefing Asia, 16.02.2011 y Natalie Thomas: Barclays settles fraud claim against Savills PF and others, Money Marketing, 27.06.2012. El banco acusó formalmente a empleados de la firma de compincharse con tasadores externos para inflar de manera flagrante y fraudulenta el valor de las propiedades con el objetivo de obtener préstamos mucho más altos de lo debido. Además, se descubrió que un empleado clave recibió "pagos personales ocultos" (sobornos) tras cerrar los tratos. El caso se cerró in extremis con un acuerdo económico confidencial. Hay más: Mark Holyoake acusó a la firma de actuar de forma desleal al filtrar información financiera altamente confidencial, planos y tasaciones de su propiedad de lujo en Ibiza (Casa Campanilla) a los hermanos Candy. Cf. Rob Davies: Client accuses Savills of confidentiality breach in Candy brothers dispute, The Guardian, 28.08.2017.
Cushman & Wakefield. Actuó durante años como la tasadora de confianza del entramado de Donald Trump. "Un juez declara a Cushman & Wakefield en desacato y ordena el pago de multas en la investigación contra Trump. A partir del jueves, la empresa de servicios inmobiliarios deberá pagar 10.000 dólares diarios hasta que cumpla con la orden judicial de presentar documentos relacionados con la Organización Trump. (...) Manhattan Supreme Court Justice Arthur Engoron said the company, which provided services to the Trump Organization for years, blew a June 27 deadline to produce documents the AG sought in a subpoena and later a court-approved motion to compel. - “Cushman & Wakefield has only itself to blame if it chose to treat the looming deadlines cavalierly,” Justice Engoron wrote in an order that was dated Tuesday and made public Wednesday morning, adding he was “incredulous” as to why Cushman & Wakefield waited two days after the deadline to seek “yet another extension.”." (Politico, 7.04.2022). Poco después, también en abril de 2022, un tribunal federal de California aprobó de manera definitiva un fondo de 3,87 millones de dólares para cerrar una demanda colectiva interpuesta por casi 475 tasadores e inspectores de la propia empresa. Los empleados acusaron a Cushman & Wakefield de violar la Ley de Normas Laborales Justas mediante el impago sistemático de horas extras y la privación de los descansos legalmente estipulados (cf. Kathleen Daily, "Property Appraisers Get Final Approval of $3.8 Million Wage Deal", Bloomberg Law, 22.04.2022). En 2024 se documentaron litigios para los que Cushman & Wakefield contrató bufetes de abogados agresivos con objeto de presionar e intimidar a inquilinos que habían publicado reseñas honestas en internet sobre deficiencias e insalubridad en sus edificios. Lean el enlace anterior porque hay más sobre esta mafia. "US sues Cushman & Wakefield, other landlords over alleged rental price coordination / Estados Unidos demanda a Cushman & Wakefield y a otros propietarios por presunta coordinación de precios de alquiler" (Reuters, 7.01.2025). En marzo de 2026, la firma recibió una demanda colectiva inédita interpuesta por sus propios empleados (Kvek v. Cushman & Wakefield). Se acusa a los administradores de la empresa de incumplir sus deberes fiduciarios al mantener los fondos de jubilación de los trabajadores en inversiones de alto riesgo vinculadas a combustibles fósiles y activos "ciegos" ante el riesgo climático, dañando la rentabilidad de los ahorros a largo plazo.
JLL (Jones Lang LaSalle). Ver LaSalle más arriba.
Deutsche Finance International. No confundir con la entidad financiera minorista Deutsche Bank, que arrastra su propio historial independiente de multas e investigaciones. En cuanto a Deutsche Finance, la firma se ha convertido en el centro de graves escándalos en los últimos meses debido a quiebras financieras catastróficas por inversiones fallidas, investigaciones regulatorias sobre sus fondos y fuertes tensiones inmobiliarias por la compra de bloques residenciales para alquiler asequible. "El Deutsche Finance Investment Fund 17, vehículo de capital cerrado respaldado por 1.187 inversores minoristas alemanes, se prepara para declararse en insolvencia tras no conseguir ni un solo inquilino para su única propiedad: un edificio de laboratorios de 289.000 pies cuadrados en Somerville, Massachusetts. Los inversores afrentan ahora una pérdida económica total de aproximadamente 58 millones de dólares estadounidenses" (13.08.2026). En Alemania tienen ahora a Deutsche Finance bajo lupa. En España, DFI opera de forma agresiva mediante su filial local Nidding, una plataforma residencial orientada a levantar vivienda de alquiler asequible que recibe inyecciones de gigantes como JP Morgan.
